Cámara aprobó de forma unánime el texto de la Comisión Mixta que endurece las penas por cohecho y soborno
Un gigantesco avance en la lucha contra los delitos de corrupción se logró este jueves, cuando la Cámara de Diputados votó de forma unánime a favor de las modificaciones que endurecen la tipificación, penas y condenas por delitos de cohecho y soborno en su segundo y final trámite.
Se trata de una serie de normativas discutidas por varios meses en una Comisión Mixta de la que formó parte la Diputada del Distrito 3 Catalina Pérez (RD) que una vez concluida la votación, dijo que “buscamos aumentar las penas, para que éstas fueran efectivas en contra de quienes cometan delitos vinculados a corrupción, fortalecer la persecución penal y hacernos cargo de algunas figuras que hasta hoy no estaban consideradas y que permitían que la impunidad siguiera reproduciéndose en el país. Fueron meses de trabajo en los que el Frente Amplio decidió incorporarse al trabajo de la Comisión Mixta de Cohecho y mediante el aporte que pudimos hacer hoy tenemos listas negras e inhabilidades perpetuas y absolutas para que funcionarios públicos o empresas que fueron condenadas por delitos corrupción, no vuelvan a relacionarse con el Estado. Es un paso importante para combatir la corrupción y fortalecer la democracia en nuestro país”
Vale la pena recordar que estas modificaciones tuvieron bastante resistencia por parte de los representantes de la Derecha en la instancia legislativa, opinión que fue cambiando con el paso de las jornadas en las que la Diputada Pérez tuvo gran injerencia en modificar la postura de los parlamentarios que no tenían la intención de establecer los cambios profundos que finalmente se reflejaron en la normativa aprobada hoy y que pasará a manos del Ejecutivo para convertirse en ley, lo que permitió que se incluyeran en la iniciativa temas que un comienzo fueron rechazados como por ejemplo, las “lista negras” de empresas que cometieron delitos de corrupción y que una vez promulgada la ley, no podrán celebrar ningún tipo contrato con el Estado, incluyendo otorgamiento de concesiones e intercambio de bienes y servicios.
En su intervención, la Diputada que representa a la región de Antofagasta enfatizó que “más allá de las modificaciones mencionadas, y otras que han mencionado en esta Sala, creo que lo más importante del proyecto es el mensaje que entrega: la corrupción daña la democracia, le quita a las personas la confianza en las instituciones y nos sume a todos en un clima de derrota constante, de que no importa cuánto nos esforcemos por obtener legítimamente algo del Estado, el funcionario a cargo de mi subsidio, de mi beca, de entregarme un permiso, de fiscalizarme, de ponerme una multa, ya está comprado. Para qué ir a votar, para qué postularme a un cargo de elección popular, si los políticos cocinan sus campañas en una oficina en Las Condes, con platas que les entregan las empresas a las que luego favorecen en sus votaciones”.
En la misma intervención, Pérez agregó que “eso es lo que produce la corrupción, y creo que es la hora de que este Congreso entregue un mensaje potente al país, de que nos tomamos en serio estos delitos, de que ya no contemplaremos el inútil desfile de políticos por tribunales, y de que la próxima vez que suceda esto, los responsables serán castigados efectivamente y con las penas justas, como cualquier ciudadano de a pie que comete un delito”.
Entre otros puntos, la normativa aprobada hoy contiene cambios sustanciales como por ejemplo, la creación de la figura de cohecho sin contraprestación, es decir que ya no habría necesidad de probar que el empleado público realizó o dejó de realizar una función propia debido la entrega de la coima, lo que hasta ahora era un gran obstáculo. También se propicia el incentivo para delatar: así, el suministro de informaciones precisas y verídicas para investigar un caso, permitiría rebajar hasta dos grados la pena de quien las proporcione.
La nueva normativa también aumenta las penas en un grado el piso y dos grados el techo de los delitos de cohecho y soborno y en el caso de las altas autoridades, no se aplica nunca el mínimo de la pena. También se crearon nuevos tipos penales para situaciones actualmente impunes, como la administración desleal o la corrupción entre particulares.
