La medida de cese del cargo e inhabilitación aplicará cuando los imputados opten por la suspensión condicional del procedimiento, como el caso del senador Moreira.
Durante esta mañana, diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista y Comunista presentaron un proyecto de ley que establece que las autoridades, imputadas en delitos de corrupción, como cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y delitos electorales, que opten por la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, cesen de inmediato en el ejercicio de su cargo y queden inhabilitadas por al menos tres años.
El proyecto fue presentado por el diputado Gonzalo Winter (CS) y cuenta con las firmas de la diputada por la región de Antofagasta Catalina Pérez (RD), Daniel Nuñez (PC) y Leonardo Soto (PS), entre otros, y busca elevar los estándares de probidad y transparencia que exige la ciudadanía y va en línea con las recomendaciones realizadas por la OCDE a nuestro país para la lucha contra la corrupción.
“En los últimos años, los casos de corrupción socavaron la legitimación de todo el sistema político, no solo por la gravedad de los casos, sino también por la impunidad. En el caso del senador Moreira, quien optó por la suspensión condicional, la ciudadanía nunca tuvo claridad si era culpable o no de los delitos, por lo tanto, quedó un manto de duda en su caso y, posteriormente, siguió legislando”, explicó el parlamentario Winter.
A su vez, el diputado Winter agregó que “la opinión pública sabe que al pobre la ley cae con su arista más filosa y, en cambio a las autoridades, -que deben legislar y fiscalizar el cumplimiento de la ley-, pueden optar por estas salidas alternativas. Esperamos que el proyecto se apruebe rápidamente” y recordó que existe un nuevo caso de corrupción en el Congreso. Hace unos días, la Fiscalía solicitó el desafuero del senador Ossandón en el marco del caso Cavilú.
La diputad por la región de Antofagasta y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sostuvo que “es imprescindible elevar los estándares de probidad y transparencia. Todas y todos tienen el derecho de conocer a qué intereses responden sus representantes y si son culpables o inocentes de un delito vinculado a corrupción. Algo tan sencillo como eso hoy no es posible si senadores y diputados tienen la posibilidad de acceder a salidas alternativas en vez de enfrentar un juicio oral. No podemos seguir de brazos cruzados cuando vemos que parlamentarios investigados por corrupción pueden seguir legislando”.
Este mes se cumplen dos años que el senador Moreira, pese a que reconoció públicamente los hechos delictivos para financiar su campaña, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Esta salida alternativa al juicio oral, no permite establecer con claridad y certeza si el imputado es culpable o no de los delitos de corrupción, generando un manto de duda que daña el proceso democrático.
